Saúl Escobar Toledo/ La Jornada
La firma de la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, sobre la ley SB1070, ratificó una decisión del Congreso local, pero también avivó la guerra que un sector de la sociedad y la clase política estadunidnse han declarado contra los inmigrantes, especialmente contra los mexicanos. La ley es una abierta invitación a la persecución, el acoso y la discriminación de todos aquellos que parezcan nuestros paisanos, independientemente de que sean o no indocumentados. Es, en efecto, una ley de odio, como la calificó Ed Pastor, el congresista demócrata por ese estado fronterizo con México.
La decisión del Congreso local y de la gobernadora responden, en primer lugar, a una motivación electorera. La señora Brewer quiere seguir en su puesto y seguramente consideró que esta ley era una buena acción para ganarse el voto de sus electores el próximo noviembre. Pero el costo va ser alto, pues alentará el racismo, la violación de los derechos humanos y la represión policiaca contra los inmigrantes, con toda la secuela que esto último conlleva: malos tratos, división de familias y extorsión laboral. Leer más.
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