viernes, 18 de febrero de 2011

Menos mal que estos no se quedaron con la Koipe.

Rumasa deja en el aire el pago de sus emisiones y atrapa a 5.000 inversores
Viene de eleconomista.es - J. Romera / G. Cañabate /Á. Semprún 7:01 - 18/02/2011 Actualizado: 08:48 - 18/02/11

Concurso de acreedores en 10 empresas
La situación financiera de Nueva Rumasa es agónica. El conglomerado industrial de la familia Ruiz-Mateos ha suspendido el pago de los intereses de las emisiones de pagarés y participaciones puestas en marcha en los últimos meses, dejando atrapados a 5.000 pequeños inversores con más de 100 millones de euros, según confirmaron ayer hasta en tres ocasiones desde la Oficina de Atención al Inversor. Nueva Rumasa tiene sus raíces en paraísos fiscales.

"Hemos pedido la entrada en preconcurso de acreedores para la láctea Clesa, Dhul, Hotasa, el Rayo Vallecano, Carcesa, Hibramer, Garvey, Elorriaga, Trapa y Quesería Menorquina. Durante ese tiempo no se pagará a los bonistas", explicaban desde la oficina a los interesados que llamaban para pedir información. Según fuentes jurídicas, en teoría las empresas que no estén en preconcurso y hayan hecho emisiones sí que mantendrían sus obligaciones. Un portavoz de la familia insistió ayer en que iban a cumplir con sus obligaciones, abonando los pagos a todos los bonistas, que por ahora, siguen estando al día.

La duda, en cualquier caso, está en el aire. Nueva Rumasa ha realizado siete emisiones distintas, con intereses entre el 8 y el 10 por ciento, y bajo serias advertencias en todos los casos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A partir de ahora, se abre un periodo durante el cual el grupo tendrá tres meses, prorrogable hasta cuatro, para intentar renegociar sus deudas y evitar así tener que declararse insolvente. Desde la Oficina de Atención al Inversión se acusa a Santander y Aareal Bank de haber iniciado embargos por deudas que suman 236 millones, precipitando la crisis.

Embargos
El expediente, que será derivado previsiblemente al Juzgado de lo Mercantil número 6, deja al grupo en una situación más que complicada, sobre todo después de que varias de sus propiedades hayan sido embargadas por impagos tanto por la banca -Royal Bank of Scoltand reclama 36 millones- como por la Seguridad Social, a la que solicitó un retraso del pago de las cuotas.

La deuda de Nueva Rumasa se eleva a 700 millones, de los que 427 millones corresponden a Clesa y Dhul, según las últimas cifras depositadas ante el Registro Mercantil de Madrid.

El conglomerado está compuesto por más de cien sociedades completamente independientes entre sí y con sus matrices en paraísos fiscales y hay préstamos cruzados por cerca de 250 millones. El problema se agrava porque muchos proveedores han dejado de suministrar materia prima ante los sucesivos impagos.

Según informaba ayer Europa Press, algunos de ellos han empezado incluso a adoptar medidas jurídicas ante deudas acumuladas desde hace cuatro meses. "Están haciendo dinero con el dinero que les deben a los proveedores. Es una estafa piramidal en toda regla", resaltan los ganaderos. Los trabajadores de Clesa habían denunciado en varias ocasiones la "grave situación" de la compañía, con retrasos "continuos" en el pago de las nóminas de los trabajadores y "reiteradas faltas de materia prima para poder fabricar". Nueva Rumasa planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal en sus plantas de Madrid, Pontevedera y Sevilla con una duración máxima de 18 meses y sin incluir despidos, aunque la negociación está en suspenso.

De momento, Nueva Rumasa ha suspendido todas las emisiones que todavía estaban en marcha, y que habían sido ya motivo de alerta por parte de la CNMV. Tanto la emisión de participaciones de Clesa como la de pagarés de Rumanova han quedado suspendidas, según aseguraron desde la Oficina del Inversor.

Tanto el regulador como el Banco de España están siguiendo muy de cerca los acontecimientos, aunque teniendo en cuenta todas las advertencias realizadas, la Administración se encuentra totalmente tranquila ante el hecho de que pudieran producirse posibles reclamaciones al Estado por su responsabilidad sobre el control de la firma.

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